Un tribunal de Argentina condenó el lunes a 42 y 45 años de prisión a dos sacerdotes católicos por el abuso sexual de niños sordos en un colegio de la provincia cordillerana de Mendoza.
A tres años del escándalo que sacudió a Argentina, el sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, fue sentenciado a 42 años mientras que el cura argentino Horacio Corbacho recibió 45 años. Ambos escucharon con gesto adusto el fallo dictado por el Tribunal Penal de la ciudad de Mendoza, unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
La corte formada por tres jueces también condenó al laico argentino Armando Gómez, de 49 años, a 18 años de cárcel.
El veredicto, que puede ser apelado, se dio a conocer después de un juicio histórico que duró más de tres meses y en el que se ventilaron los aberrantes hechos sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
Sobre estos casos, que tienen como protagonistas a dos clérigos en su tierra natal, el papa Francisco no ha hecho comentarios públicos.
Los imputados no quisieron decir sus últimas palabras ante los jueces antes de que estos pasaran a deliberar sobre el fallo. Los tres llegaron con semblante serio y esposados a la sala de audiencias. Corradi lo hizo en una silla de ruedas que era empujada por un guardia de seguridad, con la mirada fija en el suelo.
Las denuncias generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por supuestos delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, sin que fuera juzgado y que Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Antes del veredicto, los exalumnos del Próvolo estaban convencidos de que podrían lograr la primera condena de cárcel para clérigos de esa institución católica, con sedes en distintas partes del mundo.
Los tres procesados estaban imputados de 25 hechos de abuso sexual agravado, abuso simple y corrupción de menores, por los que abogados querellantes pidieron 50 años de cárcel para Corradi, quien dirigía el instituto, y otros tantos para el otro religioso y 30 años para Gómez, quien realizaba tareas de jardinería.
La fiscalía solicitó una pena de 45 años para cada uno de los curas y 22 años y medio para el jardinero, mientras la defensa de los acusados consideró que los relatos de las víctimas son inverosímiles y solicitó que se declare nulo el proceso.
Corradi cumple prisión domiciliaria por su avanzada edad mientras que Corbacho y Gómez están confinados en una cárcel de la capital mendocina.
Este es el primero de una serie de juicios a los que serán sometidos otros exintegrantes del colegio, que ha sido clausurado.
El laico Jorge Bordón, que trabajó como administrativo en el instituto, admitió su culpabilidad en 2018 en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.
En las audiencias del proceso se conocieron los testimonios de jóvenes de ambos sexos sobre supuestas violaciones y toqueteos cometidos por los sacerdotes en sus dormitorios y en los baños del colegio. También relataron que sufrieron maltratos y fueron obligados a ver imágenes pornográficas.
Los testimonios fueron considerados verídicos en la etapa de instrucción previa al juicio y avalados por distintos elementos encontrados en los allanamientos al instituto, como registros de las denuncias realizadas por padres que luego caían en saco roto, ropa interior presuntamente manchada con semen de los imputados o fotografías de una menor desnuda en la computadora de Corbacho y las cadenas que éste supuestamente usaba para amarrar a una joven con el fin de someterla.
Los presuntos abusos ocurrían generalmente los fines de semana y las víctimas eran los alumnos pupilos, quienes a su vez sostuvieron que eran amenazados para no denunciar lo ocurrido.
Los exalumnos del Próvolo mendocino lamentan que el papa no se haya reunido con ellos y le exigen que despoje del estado sacerdotal a los supuestos abusadores en el marco del proceso canónico que se les sigue desde hace meses.
El caso golpea las puertas del Vaticano cuando Francisco ha promulgado nuevas normas para combatir el abuso en la Iglesia.
El Vaticano envió en 2017 a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo entonces a The Associated Press que los hechos denunciados eran “horribles” y “más que verosímiles”.
En un informe que elevó al Vaticano, Simón pidió la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho, es decir, “que sean dimitidos directamente por el Santo Padre”. El informe debe ser revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Simón señaló que el pontífice le había expresado que “estaba muy preocupado por esta situación”, pero muchos en Argentina se preguntan por qué el papa no removió a Corradi como autoridad del Próvolo de Mendoza tras ser advertido sobre las denuncias en su contra en Italia.
El nombre del cura apareció públicamente en 2009 cuando 67 sordos dijeron haber sido abusados en el instituto veronés por 24 curas, laicos y hermanos religiosos y especificaron que en ese entonces el sacerdote italiano estaba en Argentina.
En 2012 la diócesis de Verona pidió perdón a las víctimas y sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.
El nombre del cura italiano apareció de nuevo en una carta dirigida a Francisco en 2014 en la que le reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo en Mendoza.
Corradi también está en la mira de la justicia de la provincia de Buenos Aires por presuntos abusos cometidos en el Instituto Próvolo de la ciudad de La Plata, a unos 70 kilómetros de la capital argentina. A ese centro fue a parar el sacerdote cuando fue trasladado desde Verona y luego destinado a Mendoza en la década de 1990.
Familiares de las supuestas víctimas apuntaron que los traslados de Corradi obedecerían a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados.
Vía NAD
