HRW concluyó mediante una investigación que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y «las hacen cumplir brutalmente»
El director de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, denunció este miércoles por un informe que grupos irregulares dominan una amplia franja en ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde amenazan a los que hacen vida en esa zona con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte.
Según las investigaciones de HRW, esta situación se presenta en el departamento de Arauca y el estado Apure, región fronteriza a merced de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de abusos con total impunidad.
«Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos», dijo Vivanco, quien presentará este miércoles el estudio en Bogotá.
En el informe «Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure» se documentan abusos en ambos lados de la frontera por parte de la guerrlila del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una disidencia de las desmovilizadas FARC y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), señaló EFE.
Alertó que los llamados «grupos paraestatales» se afianzan en prácticas violentas para controlar la vida de las personas, hecho que fue documentado por HRW cuando visitó en agosto de 2019 el departamento de Arauca y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
Con esos testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y «las hacen cumplir brutalmente».
Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, «prohibiciones de violación, robo y asesinato» y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.
También expuso que algunas áreas «prohíben usar cascos de motocicleta para que los miembros del grupo armado puedan ver las caras de los viajeros y extorsionan rutinariamente dinero a prácticamente cualquier persona que realice actividades económicas».
Con los testimonios recopilados, HRW concluyó que los abusos denunciados, «que incluyen asesinatos, trabajos forzados, reclutamiento de niños y violaciones, se cometen como parte de la estrategia de los grupos para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure».
Vivanco subrayó en el informe que «los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera y especialmente en Venezuela a veces están en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales».
Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados, los abusos siguen impunes. Mientras en Venezuela, las guerrillas «parecen sentirse aún más libres para operar».
Vía TalCual
