Los familiares del fallecido concejal Fernando Albán protestaron este jueves 8 de octubre frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para exigir justicia tras cumplirse dos años de la muerte del dirigente de Primero Justicia, mientras que éste estaba bajo la custodia de funcionarios de la policía política de Nicolás Maduro.
Allegados aseguran que funcionarios torturaron y lanzaron al dirigente desde el piso 10 del Sebin. Insisten en que no se trató de un suicidio, como lo establece el informe de la “investigación” del fiscal general de Maduro Tarek William Saab.
Hasta la fecha a los familiares no les han permitido la exhumación del cuerpo de Albán con presencia de expertos internacionales para realizar una nueva autopsia. El caso forma parte del informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, conformado por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La administración de Maduro acusaba al concejal fallecido de haber participado en un fallido ataque con drones contra Maduro, que ocurrió en agosto de 2018 durante un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República destituida por la asamblea nacional constituyente, denunció en 2019 ante la Corte Penal Internacional la muerte de Albán. Aseguró que la autopsia efectuada al cadáver fue practicada por una persona que no tiene credenciales.
Vía 800Noticias
