Julia*, una venezolana de 64 años que sufre de hipertensión arterial, prefirió pagar 20 dólares por una vacuna clandestina contra el COVID-19 antes que esperar semanas o meses más por su turno en el plan de inmunización del régimen de Nicolás Maduro.
Recibió la vacuna hace pocos días en un Centro de Diagnóstico Integral, administrado por el gobierno de Nicolás Maduro, en una ciudad oriental de Venezuela. Una enfermera que había atendido a su esposo durante una complicación oncológica, un año atrás, le ayudó a conseguir “la cita”.
“Sentía que, si no lo hacía, no iba a llegar a vacunarme tan pronto”, admite a la Voz de América. “Me sentí con miedo de contagiarme y complicarme. Por eso, cuando se dio esa opción, inmediatamente dije que sí”, argumenta.
Julia asegura que conoce a venezolanos que han pagado hasta 200 dólares por una vacuna como la que ella consiguió en un mercado clandestino que hoy se camufla en las instituciones de los servicios de salud del país suramericano.
El régimen venezolano ha experimentado retrasos en su plan de vacunación contra el nuevo coronavirus, según voceros de academias y gremios sanitarios. Lo atribuye al “bloqueo económico” y a la confiscación de activos en el exterior de parte de gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea.
La Academia Nacional de Medicina denunció este lunes que la cantidad de vacunas recibidas, enviadas esencialmente por aliados de Maduro, como Rusia y China, es “insignificante” comparada con la meta de 15 millones de personas, que es el equivalente a 70 por ciento de la población adulta.
La administración de Maduro ha anunciado la llegada desde inicios de año de dos millones 750.000 dosis de las vacunas de Rusia y de China, pero voceros de la oposición y de las organizaciones médicas del país critican la opacidad, lentitud e inexistencia del plan de vacunación en los 23 estados y la capital.
El domingo, Maduro se declaró esperanzado de que el plan de vacunación avance “de una manera definitiva” entre junio y agosto, para lograr a final de año “la liberación de la vida social”, es decir, la flexibilización de la cuarentena.
También con ese fin, anunció el mes pasado el pago de la mitad de los 120 millones de dólares necesarios para recibir 11,5 millones de vacunas del mecanismo COVAX, una iniciativa global que busca repartirlas equitativamente para beneficiar al 20 por ciento de la población de los países participantes.
Venezuela experimenta un pico de la enfermedad, entretanto. Voceros del poder ejecutivo de Maduro, entre ellos el mismo presidente, reportan un promedio de 2.000 contagios diarios en todo el país, mientras expertos advierten de un subregistro de casos positivos por COVID-19 debido a la falta de pruebas diagnósticas.
Y, en ese contexto, nace el “desespero” de la gente por obtener su vacuna mediante prácticas ilegales e inseguras, advierte Huníades Urbina, pediatra, intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
“Es motivado a la falta de transparencia del ministerio de Salud sobre un plan de vacunación. Hay mucha angustia y desespero, y empieza a producirse ese mercado negro típico en situaciones de esta naturaleza”, afirma a la VOA.
La desconfianza
El doctor Urbina alerta sobre la posibilidad de que, primero, las vacunas sean extraídas de la custodia del gobierno venezolano; luego, no hayan mantenido la cadena de frío para su preservación; o que, finalmente, no se trate siquiera de una dosis para inmunización, sino de una solución acuosa cualquiera que no proteja.
En marzo, el poder judicial venezolano notificó el arresto de cuatro venezolanos por la reventa de vacunas contra el COVID-19 por 280 dólares en una página web. Según la nota oficial, los detenidos tenían en su vivienda frascos de otras sustancias químicas, como tramadol, meropenem y bromuro de rocuronio.
Ese mercado clandestino no es exclusivo de Venezuela, pues se han conocido denuncias similares en países como México y Perú, dice Urbina. “Los donantes de dinero y vacunas entran en desconfianza al saber estas noticias, que afectan la imagen de Venezuela en el extranjero”, señala en referencia a sus consecuencias.
Un doctor venezolano con 30 años de experiencia, quien pidió reservar su identidad, denunció que algunos colegas cobran entre 200 y 300 dólares por incluir a conocidos en jornadas de vacunación dentro de hospitales públicos de Maracaibo, una de las ciudades más pobladas de Venezuela.
“Somos el único país del mundo que no tiene un plan establecido de vacunación. No hay vacunas, pero todo el mundo las está vendiendo. Hay un plan de vacunación clandestino, no uno establecido. Es como la gasolina”, que escasea en las estaciones de servicio, pero se halla en mercados negros, afirma.
Políticos aliados del líder opositor Juan Guaidó, como Dinorah Figuera, denunciaron este mes la venta de vacunas contra el COVID-19 por montos que oscilan entre 300 y 600 dólares. “Esta situación es condenable y criminal. Mientras mueren los venezolanos, están estos criminales de las vacunas que comercian con la salud del pueblo”, dijo a la prensa a inicios de mayo.
Julio Castro, representante del Parlamento opositor de 2015 en la mesa técnica de vacunación, donde comparte con voceros del gobierno de Maduro, también se ha hecho eco de estas denuncias sobre la venta clandestina de vacunas.
En una entrevista radial reciente, el médico internista e infectólogo contó que amigos le confesaron que les llamaron para ofrecerles llevarles la vacuna hasta sus hogares a cambio de dinero. “Delivery de vacuna. La primera pregunta que debes hacerte es cuál es la cadena de custodia de la inyección. ¿Cómo llegó hasta mí? ¿De dónde sale? Eso es una mala señal”, expresó el galeno hace un mes.
“Tenemos que resolver aquí”
Adela recibió una invitación en el grupo de mensajería donde comparte con sus vecinos, en una urbanización de clase media de Caracas, la capital del país. A las 4:00 de la tarde de ese día, una enfermera llevaría varias dosis de la vacuna Sinopharm para aplicarlas a domicilio a quienes desearan, a cambio de 40 dólares y con la garantía de contar con la segunda dosis, semanas luego.
Leyó el mensaje con indignación. Siete de sus conocidos pagaron y se inmunizaron. Ella, en cambio, sintió temor y vergüenza, dice. “Es una vagabundería”, comentó a la Voz de América, mientras reivindicaba la memoria de parientes y médicos amigos que han fallecido por el COVID-19.
Yanitza, por el contrario, no dudó en vacunar de forma irregular a su padre en otra ciudad del interior de Venezuela, a 600 kilómetros de Caracas. Sentía angustia, detalla, pues su papá no había sido inmunizado a sus 73 años.
“Él es médico. Trabaja en un hospital público, ¿y tú puedes creer que aún no lo han llamado a vacunarse?”, critica Yanitza en una conversación con la VOA.
Algunos colegas de su padre ya habían recibido sus vacunaciones. Otros, sin embargo, había muerto a la espera de una dosis de protección. Esa experiencia aumentaba el temor entre su familia, por lo que empezaron a llamar a conocidos que laboran en la gobernación del estado llanero donde residen, precisa.
Mediante el tráfico de influencias y sin pagar, le aplicaron una primera dosis de la vacuna china VeroCell. Piensa que están en deuda con quien les facilitó el acceso al fármaco. “Algún favor habrá que hacerle, pero valió la pena”, estima.
Yanitza dice sentirse “aliviada” y “sin remordimientos”. “Ninguna culpa. El que vive en Venezuela tiene que pagar por todo. Te acostumbraste a hacer amigos en las gobernaciones, en los bancos, para conseguir favores”, expone.
Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo. Un estudio de Transparencia Internacional, de 2019, determinó que es la nación con mayor Índice de Percepción de Corrupción en América y el Caribe, y se ubica en el quinto lugar en el planeta en esa variable negativa.
Pero, Yanitza defiende su decisión al alegar que, en Venezuela, “se sobrevive así”. “Los ricos pueden salir y vacunarse en Estados Unidos. Los que somos clase media, tenemos que quedarnos aquí y resolver aquí”, asevera, exaltada.
