El despacho del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 50 países, Juan Guaidó, emitió un comunicado en el que condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar la omisión legislativa constitucional que impide al poder legislativo electo en 2015 recomponer la estructura del Consejo Nacional Electoral y le permite a la corte de orientación oficialista designar a los rectores del organismo comicial.
El comunicado subraya que «esta decisión no sólo es ilegítima por su origen (un poder judicial usurpado) sino que también carece de cualquier razonamiento lógico o jurídico, puesto que no se puede hablar de omisión legislativa cuando existe un proceso parlamentario en desarrollo para nombrar las nuevas autoridades del CNE a través del Comité de Postulaciones Electorales, del que también forma parte el partido del régimen -el PSUV- y la sociedad civil, en atención a los principios y parámetros constitucionales».
Efectivamente, a pesar de las diferencias profundas entre ambos bloques se llegó a un acuerdo para constituir el comité postulaciones y se avanzó en la designación de postulantes de la sociedad civil, pero a raíz de la declaratoria de estado de alarma nacional, la actividad de ese órgano parlamentario se detuvo.
Después de la incursión armada de principios de mayo, el chavismo asumió una línea más dura y, en consecuencia, existe una demanda para declarar al partido Voluntad Popular, donde militaba el presidente de la AN, Juan Guaidó (él pidió ser liberado de militancia y disciplina partidista), como organización terrorista.
Luego vino la demanda del grupo de partidos minoritarios que participa en la denominada mesa de diálogo nacional, o «pacto de la Casa Amarilla», ante el TSJ solicitando concretar la omisión legislativa, ya que a juicio de estos dirigentes, el clima de conflicto y la inacción de la AN, presidida por Guaidó, impiden la convocatoria de elecciones parlamentarias.
No obstante, el comunicado advierte que «cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la legítima Asamblea Nacional será rechazada y desconocida por Venezuela y el mundo democrático».
«Esta decisión sólo traerá mayor aislamiento internacional de Venezuela y mayor crisis para nuestro pueblo. Queda ratificado que Nicolás Maduro es el principal obstáculo para la recuperación del país y para alcanzar una solución política, institucional y electoral», sostiene el documento emanado del despacho ejecutivo de Guaidó, quien asumió las facultades del poder ejecutivo el 23 de enero de 2019, luego que la AN declaró a Nicolás Maduro como un presidente «ilegítimo» que «usurpa» la jefatura del gobierno y el estado.
Por supuesto, el comunicado hace referencia a la Fuerza Armada Nacional con un claro cambio de discurso: «A pesar de que buena parte de los venezolanos han perdido toda esperanza en el rol de la Fuerza Armada Nacional, estamos en la obligación de recordar y exigir a todos sus miembros que obedezcan el mandato constitucional al que se deben. Basta de seguir siendo los protectores de una mafia de narcotraficantes, corruptos y aliados del terrorismo internacional que oprimen a todos los venezolanos, incluyendo a la familia militar».
«La dictadura pretende organizar un proceso fraudulento electoral parlamentario, con autoridades electorales controladas por la dictadura y la colaboración de supuestos “adversarios” elegidos y fabricados por el régimen. Recordamos que en el 2018 también intentaron imponer unas falsas elecciones presidenciales cuyo resultado fue desastroso para la dictadura: la sociedad venezolana y el mundo desconocieron a Maduro, lo que le originó un masivo aislamiento internacional y rechazo generalizado que derivó en el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela en enero de 2019».
El documento concluye: «Pueblo de Venezuela y miembros de la comunidad internacional: cada día se hace más necesaria la presión conjunta de las fuerzas democráticas en torno a la protesta interna junto a la mayor presión posible de parte de la comunidad internacional, para impulsar un Gobierno de Emergencia Nacional que salve a los venezolanos de una catástrofe sin precedentes y permita llevar al país al retorno de la democracia.
El Gobierno Legítimo ratifica ante Venezuela y el mundo su compromiso total con la protección y liberación de nuestro pueblo.
Vía BancayNegocio
